LEY 10.087 y sus modificatorias

LEY 10.087 y sus modificatorias

No hay duda de que el hombre, en todos los tiempos, frente a la necesidad y a la adversidad tuvo que recurrir a la práctica de la asociación con fines de lograr ayuda y vencer las dificultades que se le presentaran. Es así que en la antigüedad existieron asociaciones mutualistas, creadas para el socorro recíproco de los hombres. En tal sentido, el mutualismo es el antecedente más inmediato de lo que, posteriormente, se denominaría sistema de previsión social.

En nuestro país, el régimen previsional aparece inicialmente como una evolución de los Montepíos Españoles destinados a proporcionar una adecuada jubilación a ciertos funcionarios públicos. De aquí su denominación de régimen jubilatorio y las modalidades especiales de la institución, evidente sobre todo en sus primeras manifestaciones, esto es en el régimen para los empleados públicos, Ley 4349, según el cual quien otorgaba el beneficio a esa categoría de afiliados, no era la respectiva Caja Jubilatoria sino el Poder Ejecutivo, o sea el mismo órgano que tenía potestad para designarlos. La posterior evolución de esta materia nos muestra la creación de distintas Cajas Jubilatorias, entre las cuales se inscriben las creadas para atender la Previsión Social de los profesionales liberales. En tal sentido la creación de la Caja de Previsión para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires responde a una definida política orientada a brindar a las distintas profesiones un sistema de jubilaciones adecuado, en la medida en que se demuestre la factibilidad de la propuesta, la conformidad de los futuros afiliados y la posibilidad de controlar de modo eficiente el destino de los fondos recaudados con ese objeto (por parte de todos los afiliados, tanto en actividad como jubilados por su propio interés) y de un irrenunciable control de legalidad por parte del Estado, en atención a la importancia de la cuestión y a la calidad de creador de la Institución mediante la sanción de la ley respectiva, que establece la obligatoriedad de aportar.

Corresponde hoy la creación de la propia Caja para los profesionales citados, quienes a través de su Colegio canalizaron la favorable opinión de los matriculados en él. Las autoridades del mismo han manifestado la viabilidad de la iniciativa y la satisfacción de contar con su Institución, similar a otras existentes en el ámbito provincial, a la cual se la ha dotado de una estructura moderna que ofrece la más amplia posibilidad de participación y control de los afiliados, que son en definitiva quienes la sostienen y destinatarios de los beneficios que se prevén y se faculta ampliar.

Con esta medida se continúa la tarea emprendida por este gobierno, con la sanción de la Ley 9963.

LA PLATA, 3 de noviembre de 1983.

VISTO lo actuado en el expediente número 2240-251/81 y el Decreto Nacional número 877/80; en el ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar.

Crease la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires, con el carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, conforme las prescripciones de esta Ley, y sus Disposiciones Reglamentarias. La misma tendrá su domicilio en la ciudad de La Plata y los Colegios de Farmacéuticos de Partidos son sus agentes naturales.

Son funciones de esta Caja de Previsión Social, las siguientes:

a) Recaudar los recursos, conceder, denegar y abonar las distintas prestaciones que determina esta Ley, sus normas reglamentarias y las complementarias que en su consecuencia se dicten.

b) Establecer las prestaciones a otorgar a los afiliados a la misma.

c) Disponer la inversión de los fondos en Instituciones Bancarias, Públicas, Provinciales, Nacionales o Municipales.

d) Realizar todos los actos de disposición y administración que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines.

e) Establecer coberturas de salud para los beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones de CAFAR en las condiciones que establezca el reglamento respectivo que tendrá el carácter de obligatorio e irrenunciable y serán financiados por activos y pasivos.

El Colegio de Farmacéuticos está obligado a comunicar a la Caja, las variaciones que se produzcan en la matrícula.

La Caja mantendrá al día los datos relativos a los afiliados como los de las personas a su cargo, pudiendo requerir de aquellos todos los antecedentes e información que considere necesario.

Son afiliados obligatorios de la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia los profesionales matriculados en el Colegio de Farmacéuticos en actividad o jubilados por la misma.

A ellos y sus causa-habientes alcanzan los beneficios de previsión social, de conformidad a lo que se determina en la presente ley.

Para el farmacéutico que ejerciere su profesión exclusivamente en el ámbito provincial o municipal, aportando al Instituto de Previsión Social de esta Provincia, no será exigible el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley. En estos casos no serán computados dichos períodos a los efectos de la obtención de las prestaciones que otorga la Caja. El Reglamento Interno de la Caja determinará los recaudos formales necesarios tendientes a acreditar el derecho a la exención.

La exención acordada en el párrafo precedente, a los profesionales farmacéuticos que se encuentren comprendidos en la situación laboral des cripta, será de plena aplicación a partir de la fecha de creación de la caja. *(ver Reglamento última página)

La calidad de afiliado a la Caja implica las siguientes obligaciones:

a) Abonar las sumas que en concepto de aportes determine la presente Ley y el aporte adicional obligatorio por los subsidios que determine el Directorio de CAFAR con aprobación de la Asamblea y las erogaciones también obligatorias que demanden las prestaciones del régimen de cobertura de salud.

b) Suministrar toda información que se le requiera, relacionada con los fines de la Caja.

c) Informar todo cambio de estado o de situación que genere modificaciones en relación con los beneficios que se otorgan, como así toda trasgresión a la presente Ley, al Reglamento Interno y a toda norma dictada en consecuencia de aquella, de que tengan conocimiento.

d) En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones emergentes de la presente Ley y a las normas dictadas en su consecuencia.

Son órganos de la Institución:

a) La Asamblea

b) El Directorio

c) El Tribunal de Fiscalización

La Asamblea es la autoridad máxima de la Caja de Previsión Social. Las Asambleas serán ordinarias o extraordinarias y en ellas se tratarán exclusivamente los asuntos incluidos en los respectivos Ordenes del Día, bajo pena de nulidad. Sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos, salvo para resolver las cuestiones previstas en los incisos c) y h) del artículo 7 en que deberá decidirse con el voto favorable de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes. La fecha y forma de reunión será establecida en el Reglamento Interno.

La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez cada año con el objeto de tratar todos los temas que incluya el Directorio en el Orden del Día. Al margen de aquéllos, la Asamblea deberá:

a)Considerar la Memoria y Balance del Ejercicio.

b)Aprobar el presupuesto anual.

c)Aprobar los planes de nuevos beneficios, fijando las fuentes de financiamiento sin afectar los fondos destinados al Sistema de Previsión Socia l.

d)Establecer quienes pueden incorporarse a los nuevos beneficios.

e)Aprobar o rechazar los convenios celebrados por el Directorio “ad referéndum”.

f)Considerar la proyección de ingresos y egresos propuesta por el Directorio.

g)Considerar el informe anual presentado por el Tribunal de Fiscalización.

h)Establecer el valor del módulo y las pautas a que deberá ajustarse el Directorio para actualizarlo.

i)Proclamar las nuevas autoridades de la Caja y del Tribunal de Fiscalización, cuando se realicen elecciones.

j)Determinar el porcentaje de los recursos, destinado a constituir el Fondo de Reserva.

k)Designar los miembros titulares y suplentes para integrar el Tribunal de Fiscalización.

Las Asambleas se integrarán con todos los profesionales afiliados a la Caja, en actividad o jubilados, que se hallen en el pleno ejercicio de su derecho para elegir o ser elegido en algunos de los cargos directivos de la misma y tendrán derecho a voz y voto.

La Asamblea Ordinaria sesionará válidamente en la primera citación con la presencia de más de la mitad de sus integrantes. Una (1) hora después de la fijada en la convocatoria, sesionará válidamente cualquiera sea el número de integrantes que se encuentre presente.

El Directorio deberá citar a Asamblea Extraordinaria cuando lo decida el mismo Organismo o por pedido expreso de no menos del treinta (30) por ciento de los afiliados. Los requisitos para sesionar válidamente son los mismos que se establecen para la Asamblea Ordinaria.

Las citaciones para las Asambleas deberán hacerse en forma individual a cada afiliado con una anticipación mínima de treinta (30) días de la fecha fijada para la misma.

La Caja será gobernada y administrada por un Directorio compuesto por siete (7) miembros que durarán cuatro (4) años en sus funciones y serán renovados por mitades.

En el primer acto eleccionario que se realice, luego de vencido los mandatos vigentes, se elegirán cuatro (4) Directores Titulares por cuatro(4) años; tres (3) Directores Titulares por dos (2) años; tres (3) Directores Suplentes por cuatro (4) años; cuatro (4) Directores Suplentes por dos (2) años.

Para ser Director se requiere ser afiliado a la Caja y contar con cinco (5) años de ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires. El cargo de Director es incompatible con todos los que corresponden al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

El ejercicio de los cargos de Director o miembro del Tribunal de Fiscalización es carga pública, pudiendo excusarse los afiliados mayores de setenta (70) años.

Para ser Director se requiere ser afiliado a la Caja y contar con cinco (5) años de ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires. El cargo de Director es incompatible con todos los que corresponden al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

No podrán ser Directores :

a) Los concursados o fallidos, hasta tanto obtengan su rehabilitación.

b) Los condenados por delitos dolosos contra la propiedad, la Administración Pública y la fe pública, o inhabilitados judicialmente para ejercer su profesión.

c) Quienes tengan cancelada la matrícula -a excepción de los jubilados – o quienes hayan sido suspendidos en la misma.

El Directorio en la primera reunión que celebre, elegirá de entre sus miembros un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario y un (1) Tesorero. El Vice Presidente reemplazará al Presidente en los casos de vacancia o ausencia. En el supuesto de vacancia o ausencia en los cargos de Vice, Secretario o Tesorero, el Directorio designará sus reemplazantes interinos o definitivos, según sea el caso.

a) Dictar el acto por el cual se otorga, deniega o reajusta una prestación.

b) Elaborar anualmente el presupuesto, la Memoria y el Balance de la Caja y someterlos a la aprobación de la Asamblea. El Balance deberá confeccionarse con la participación de un profesional que efectuará la Auditoría Externa. Este profesional no podrá ser nominado para repetir la tarea.

c) Cancelar las prestaciones acordadas y suspender el pago de las mismas cuando corresponda, de conformidad a lo establecido en la presente ley.

d) Nombrar, reubicar, promover o remover al personal de la Institución, fijar su remuneración y las condiciones de trabajo y aplicar le las sanciones a que hubiere lugar.

e) Realizar todos los actos de disposición y administración que resulten necesarios, para el mejor cumplimiento de los fines de la Caja.

f) Confeccionar el Orden del Día de las Asambleas.

g) Ejecutar las resoluciones de la Asamblea.

h) Proyectar el Reglamento Interno de la Caja, como así toda modificación que resulte necesaria al mismo, y someterlo a la aprobación de la Asamblea.

i) Percibir las sumas que deben aportar los afiliados, aceptar o rechazar donaciones, legados, subsidios y toda contribución, con o sin fin determinado, disponer la inversión de los fondos de la Caja.

j) Celebrar convenios con organismos públicos o privados, en materia de seguridad social, ad referéndum de la Asamblea.

k) Determinar el valor del módulo, de conformidad con las pautas que fije la Asamblea.

l) Realizar los estudios Técnicos-Actuariales cada tres (3) años, destinados a evaluar el desarrollo integral de los beneficios instituidos por la presente Ley o incorporados a La Caja por decisión de la Asamblea, como así también analizar y considerar, la evolución y evaluación de la ecuación económico – financiera de la misma, con la correspondiente proyección a futuro, y la incidencia en su capital social y solidario; sin perjuicio de los estudios e informes que, en razón de las necesidad es respectivas se requieran.

El Directorio sesionará válidamente, con la presencia de la mayoría de sus miembros, salvo aquellos casos en que deba resolver acerca de: cancelación de prestaciones; reglamentación de beneficios; inversiones que superen en la cantidad de diez mil (10.000) módulos; enajenaciones de bienes inmuebles o su gravamen con derechos reales; elaboración de reglamentos o presupuestos; concesión o denegatoria de los recursos de revocatoria interpuestos contra sus decisiones. En estos casos deberá contar con la presencia de todos sus miembros en su primera llamada, o sesenta (60) minutos después, con la mayoría de ellos.

Sus decisiones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.

El Directorio sesionará, por lo menos una (1) vez cada mes en la forma que determine el Reglamento interno.

La ausencia de cualquier Director a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternadas, sin causa justificada, autorizará al Directorio a reemplazarlo por el suplente.

El Presidente del Directorio es el encargado de hacer ejecutar las resoluciones del Directorio. Asimismo es el representante de la Caja.

Las resoluciones que dicte el Directorio denegando el otorgamiento de un beneficio, pueden ser recurridas mediante el pedido de revocatoria, por ante el mismo cuerpo. El recurso deberá ser interpuesto, dentro de los quince (15) días hábiles, a contar desde la fecha de notificación fehaciente del interesado, si residiere en el Partido de La Plata, o dentro de los treinta (30) días hábiles si residiere en el interior de al Provincia.

La decisión que deniega el beneficio jubilatorio o pensionario o la que rechaza la revocatoria si ésta se hubiere interpuesto constituye un acto administrativo final y deja expedita la acción contencioso-administrativa.

La fiscalización y control del funcionamiento de la Caja y del cumplimiento de sus fines será efectuada por el órgano fiscalizador interno y por el organismo de aplicación de la Ley 8.671.

La fiscalización interna será efectuada por un Tribunal de Fiscalización integrado por tres (3) miembros que actuará como cuerpo colegiado.

El Tribunal de Fiscalización estará integrado por dos (2) afiliados en actividad, y un (1) afiliado jubilado. Conjuntamente con la elección de los miembros titulares habrán de elegirse los suplentes.

Los miembros del Tribunal de Fiscalización, estarán sometidos a los mismos términos de mandato y condiciones de elegibilidad que se establecen para los miembros del Directorio.

No podrán ser miembros del Tribunal de Fiscalización:

a) Quienes estén inhabilitados para ser Directores, según lo establecido en el artículo 14.

b) Los Directores y empleados de la Caja o del Colegio de Farmacéuticos.

c) Los cónyuges, parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive y los afines, dentro del segundo grado, de las personas mencionadas en el inciso b).

El Tribunal de Fiscalización tiene las siguiente s funciones:

a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados por la presente Ley y por la Asamblea, como así analizar los desvíos que advirtiere.

b) Verificar el cumplimiento del presupuesto anual.

c) Conocer y evaluar, en forma sistemática, la situación económico-financiera de la Caja.

d) Proponer al Directorio las medidas correctivas de las desviaciones e incumplimiento advertidos.

e) Observar los actos del Directorio de la Caja cuando contraríen o violen disposiciones legales o las decisiones de la Asamblea. La Comisión si fuere del caso, comunicará tal circunstancia al organismo de aplicación de la Ley 8.671 y a la Asamblea en la primera oportunidad que ésta se reúna a fin de que evalúe la medida observada.

f) Legitimación activa para representar los intereses de la Caja en aquella circunstancia en que, a su juicio, los actos u omisiones del Directorio pudieren implicar responsabilidad civil o penal.

Los miembros del Tribunal de Fiscalización son solidariamente responsables con los miembros del Directorio, por los hechos u omisiones de éstos, cuando el perjuicio no se hubiere producido de haber actuado de conformidad con las obligaciones de su cargo.

En caso de vacancia, temporal o definitiva, o de sobrevenir una causal de inhabilitación para desempeñar el cargo, por parte de alguno de los miembros del Tribunal, se procederá a reemplazarlo por el suplente que corresponda.

El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación cuya competencia será la fiscalización del regular funcionamiento Institucional de la Caja y de sus órganos de gobierno y fiscalización interna.

A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, dicho organismo deberá:

a) Registrar los Reglamentos de la Caja.

b) Establecer los libros que deberá llevar la Entidad y rubricarlos.

c) Efectuar el visado previo de los actos de la Caja que requieren publicidad y de la Memoria y Balance antes de su consideración por la Asamblea.

d) Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo todo hecho que pudiere encuadrar en las previsiones del artículo siguiente.

Para el cumplimiento de sus fines, podrá requerir asesoramiento del organismo provincial con competencia específica en materia de seguridad social.

El Poder Ejecutivo podrá intervenir la Entidad, a los efectos de su reorganización cuando:

a) El normal funcionamiento de sus órganos se viere impedido por cualquier circunstancia.

b) Interviniere en cuestiones notoriamente ajenas a los fines de su creación.

c) Sus órganos incurrieren en inobservancia grave de las normas que regulan su funcionamiento o de las legislaciones nacional y provincial.

d) La gestión de sus autoridades fuera desaprobada por la Asamblea y no se produjera su renovación dentro de los sesenta (60) días de efectuada aquélla.

e) El Poder Ejecutivo designará interventor, que cumpla en debida forma con las obligaciones de esta Ley.

La intervención no podrá tener una duración mayor de noventa (90) días, prorrogables por sesenta (60) días más debido a razones fundadas.

El capital de la Caja se formará:

a) Con el aporte mensual a que están obligados los afiliados según la siguiente escala: hasta tres (3) años de ejercicio profesional trece (13) módulos; de tres (3) a siete (7) años de ejercicio profesional diecisiete (17) módulos; de siete (7) a diez (10) años de ejercicio profesional veintiún (21) módulos; de diez (10) a trece (13) años de ejercicio profesional veinticinco (25) módulos; de trece (13) a dieciséis (16) años de ejercicio profesional veintinueve (29) módulos; de dieciséis (16) a diecinueve (19) años de ejercicio profesional treinta y tres (33) módulos; de diecinueve (19) a veintidós (22) años de ejercicio profesional treinta y seis (36) módulos; más de veintidós (22) años de ejercicio profesional cuarenta (40) módulos .

b) Con un aporte a cargo del afiliado, que en forma de cuota anual fije el Directorio para la prestación de los servicios asistenciales, la cual podrá ser uniforme o diferenciada, según las personas a cargo, a las cuales estos servicios se hagan extensivos.

c) Con el diez (10) por ciento a cargo del profesional de las Ciencias Farmacéuticas sobre los honorarios regulados en juicio.

d) Con el importe de los intereses y recargos que se impongan a los afiliados por infracciones a la presente Ley y sus reglamentaciones, cuyas tasas y montos serán fijados anualmente por el Directorio.

e) Con los intereses y frutos civiles de los bienes de la Caja.

f) Con el importe de las donaciones y legados.

g) Con el importe de los beneficios dejados de percibir en los casos establecidos en la Reglamentación.

El módulo es la unidad de medida para determinar el monto de los aportes y prestaciones. La Asamblea fijará su valor, como sía las pautas para proceder a su ajuste.

En toda libranza judicial y para el pago de honorarios profesionales se hará constar el concepto con determinación del importe del mismo. Al momento de la percepción se descontará el importe que corresponde por aplicación del artículo 33, inciso c), en concepto de aporte obligatorio del profesional, debiendo ingresar dicho importe a la cuenta de la Caja en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El incumplimiento por parte del afiliado de la obligación de ingresar a la Caja los aportes, contribuciones y demás cargos previsionales establecidos en la presente Ley, lo hará pasible de recargos e intereses cuyo monto y tasa fijará anualmente la Asamblea, sin perjuicio de no considerar los períodos no ingresados a los fines previstos en el artículo 44.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires abrirá una cuenta a nombre de la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires, en la que deberán ser depositados los fondos de la misma. A solicitud de la Caja, el Banco abrirá en la Casa Matriz y sucursales las cuentas corrientes y especiales que le fueran requeridas y el Directorio podrá designar mandatarios para intervenir en las mismas.

La Caja tendrá facultad para cobrar los aportes que determine la presente Ley, el aporte adicional obligatorio para los subsidios que determine el Directorio con aprobación de la Asamblea y las erogaciones que demanden las prestaciones de salud, como así también las contribuciones, intereses y multas, por el procedimiento de apremio aplicable en la Provincia, siendo título suficiente el certificado de deuda expedido por el Presidente y Tesorero.

Anualmente todo afiliado deberá presentar a la Caja -en la fecha que el Directorio establezca- una declaración jurada relacionada con los ingresos percibidos por todo concepto en el ejercicio de su actividad profesional en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

La omisión o falseamiento de la aludida declaración será puesta en conocimiento del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia para el juzgamiento de la conducta profesional del afiliado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.

La Caja debe mantener un fondo de reserva formado por los activos necesarios que aseguren el cumplimiento y pago de las prestaciones presentes y futuras determinadas en esta Ley.

La cuantía del mencionado fondo de reserva debe ser determinada periódicamente por los estudios técnicos actuariales que se realicen.

Los fondos de la Caja se aplicarán con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por esta Ley y las normas reglamentarias en:

a) A la realización y cumplimiento de los beneficio s, prestaciones y demás cometidos que acuerda o provee la presente Ley y de los que en virtud de la misma establezca el Directorio.

b) A los gastos de administración.

c) A la adquisición de los bienes que se requieran para el cumplimiento de sus fines.

d) A la construcción o adquisición de edificios des tinados al uso de la Caja.

e) A realizar o encomendar trabajos de investigación y de estudios relacionados con la Seguridad Social para los Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas.

f) Títulos públicos emitidos por la Provincia de Buenos Aires y por la Nación, hasta el sesenta (60) por ciento.

g) Obligaciones negociables, debentures y otros títulos valores representativos de deuda, emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles constituidas en el país, y sucursales de sociedades extranjeras, autorizadas a la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, con excepción de las empresas concesionarias de servicios públicos, hasta el veinte (20) por ciento.

h) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas según artículo 2º inciso c, hasta el sesenta (60) por ciento.

i) Acciones de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas, cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores, hasta el diez (10) por ciento. La operatoria en acciones incluye a los futuros y opciones sobre estos títulos valores, con las limitaciones que al respecto establezcan las normas reglamentarias.

j) Cuotapartes de fondos comunes de inversión autor izados por la Comisión Nacional de Valores, de capital abierto o cerrado, o fideicomisos, hasta un diez (10) por ciento.

k) Otorgamiento de Préstamos hipotecarios a sus afiliados, hasta el treinta (30) por ciento.

l) Títulos valores emitidos por estados extranjeros u organismos internacionales, hasta un diez (10) por ciento.

ll) Títulos valores emitidos por sociedades extranjeras admitidos a la cotización en mercado que la Comisión Nacional de Valores determine, hasta el diez (10) por ciento.

m) Adquisición de inmuebles dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, destinados a su explotación, renta o venta ulterior hasta el diez (10) por ciento.

La Caja, estará exenta del pago de todo impuesto, contribución fiscal Provincial.

La Caja otorgará a sus beneficiarios, como mínimo las siguientes prestaciones:

Jubilaciones ordinarias, jubilaciones extraordinarias y pensiones.

La Caja podrá otorgar a sus afiliados los siguientes beneficios:

a) Subsidios por fallecimiento, según los regímen es reglamentarios que con carácter general establezca la Asamblea.

b) Subsidios especiales, extraordinarios o adicionales, pensiones extraordinarias y adicionales, ayuda a los profesionales de las ciencias farmacéuticas o a sus derecho- habientes según los regímenes que, con carácter general, establezca la Asamblea.

c) Préstamos con garantía hipotecaria y ordinarios, según los regímenes que establezca la Asamblea.

d) Prestaciones e inversiones que sirvan a otros aspectos de la solidaridad, o que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida o bienestar de los profesionales de las ciencias farmacéuticas, y de su actuación profesional, y en general cualquier otra forma de ayuda, todo según los regímenes que establezca la Asamblea.

La Asamblea podrá establecer los mencionados beneficios con los importes correspondientes a reservas acumuladas y no comprometidas, a los fines previstos en los artículos 44, 49 y 52, pudiendo afectar como máximo a esos fines una suma que no supere el treinta (30) por ciento de las mismas.

La Caja podrá también, administrar un Régimen de Jubilación Complementario Voluntario para Farmacéuticos, mediante aportes especiales y de acuerdo con la Reglamentación que al efecto establezca la Asamblea, sin afectación o compromiso alguno para los recursos provenientes del artículo 33º de la presente Ley y basado en estudios actuariales.

La jubilación ordinaria es voluntaria y sólo se acordará a su pedido, a los profesionales que acreditaren como mínimo treinta (30) años computables de ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires y no menos de sesenta y cinco (65) años de edad.

A los fines previstos en el artículo anterior, podrá compensarse la falta de años de ejercicio profesional con los excedentes de edad. A tal objeto se computará por cada dos (2) años de edad excedida, uno (1) de actividad. La compensación mencionada es computable a partir de la vigencia de esta Ley y no posee efectos retroactivos, siendo condición indispensable para su reconocimiento, el ejercicio profesional en la Provincia de cada año de actividad por excedente de edad.

El afiliado a la Caja de Previsión Social adquirirá el derecho a la percepción de su haber jubilatorio, cuando reuniere los requisitos que establece la presente Ley, y no registre deuda de aportes de Ley, y además acredite la cancelación de su matrícula profesional, en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, mediante la certificación pertinente.

Toda violación a lo dispuesto en la presente Ley será sancionada con la cancelación temporaria o definitiva del beneficio. Debiendo, en todos los casos, realizarse el cargo deudor pertinente, considerando al efecto el valor del módulo al momento de efectuarse la devolución de los importes mal percibidos.

El jubilado podrá solicitar en cualquier momento la suspensión de la jubilación para reanudar el ejercicio activo de la profesión. El nuevo acogimiento a la jubilación deberá hacerse llenando los requisitos previstos en esta Ley y haber transcurrido el plazo mínimo de un (1) año en la rehabilitación de la matrícula.El afiliado a la Caja de Previsión Social adquirirá el derecho a la percepción de su haber jubilatorio, cuando reuniere los requisitos que establece la presente Ley, y no registre deuda de aportes de Ley, y además acredite la cancelación de su matrícula profesional, en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, mediante la certificación pertinente.

Toda jubilación otorgada será comunicada al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Corresponderá conceder jubilación extraordinaria al afiliado que se incapacite física o intelectualmente en forma total para ejercer la profesión.

Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del sesenta y seis (66) por ciento o más. Se excluyen las invalideces sociales o de ganancias.

La determinación de la disminución de la capacidad laborativa del afiliado será establecida por una Comisión Médica designada por el Directorio de la Caja y cuyo dictamen deberá ser técnicamente fundado conforme a los procedimientos que establezca la Asamblea mediante reglamentación.

El derecho a la jubilación extraordinaria cesará si la incapacidad, causa de la concesión del beneficio, desapareciera. A fin de verificar si la incapacidad subsiste, el Directorio podrá disponer, en cualquier circunstancia, el examen médico del beneficiario que habrá de realizarse cada tres (3) años por lo menos.

Además de la incapacidad, deberán concurrir los siguientes requisitos:

a) Antigüedad mínima de un (1) año en la matrícula inmediato anterior al hecho generador.

b) Que la causa de la incapacidad sea posterior al cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior.

c) Pago regular de los aportes correspondientes.

El monto de esta jubilación será el de la jubilación ordinaria y desaparecida la incapacidad cesará el beneficio.

A los fines del cumplimiento de la exigencia establecida en el inciso b) la Caja exigirá de cada nuevo afiliado o rematriculado que se incorpore una declaración jurada de su estado de salud.

Para aquellos nuevos afiliados o reafiliados, que tengan más de cincuenta (50) años al tiempo de su incorporación o reincorporación, se le exigirá – además de la declaración jurada establecida en el párrafo anterior – una revisación médica a los efectos de determinar su capacidad laborativa al momento del ingreso o reingreso. El Directorio establecerá las normas de aplicación de este artículo.

En caso de insania los pagos se efectuarán al curador designado judicialmente.

El fallecimiento del profesional o la declaración judicial de su fallecimiento presunto, genera el derecho a pensión de los siguientes causahabientes:

1) El cónyuge supérstite en concurrencia con:

a) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, estas últimas siempre que no gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, hasta los dieciocho (18) años de edad.

b) Las hijas solteras y las hijas viudas que hubieren convivido con el causante en forma habitual y continuada durante los diez (10) años inmediatamente anteriores a su deceso, que a ese momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta (50) años y se encontraren a su cargo, siempre que no desempeñaran actividad lucrativa alguna ni gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo en estos supuesto s, que optaren por la pensión que acuerda el presente.

c) Las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho que no percibieran prestación alimentaria todas ellas incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que no gozaren de jubilación, pensión o retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda el presente.

d) Los nietos solteros, las nietas solteras y las nietas viudas, éstas últimas siempre que no gozaran de jubilación, pensión o retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda el presente, todos ellos huérfanos de padre y madre, hasta los dieciocho (18) años de edad.

2) Los hijos y nietos de ambos sexos en las condiciones del inciso anterior.

3) La viuda o viudo en las condiciones del inc. 1), en concurrencia con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda el presente.

4) Los padres, en las condiciones del inciso precedente.

5) Los hermanos solteros, las hermanas solteras y las hermanas viudas, todos ellos huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaren de jubilación, pensión o retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda el presente, hasta los dieciocho (18) años de edad.

La precedente enumeración es taxativa. El orden establecido en el inc. 1) no es excluyente, pero sí el orden de prelación establecido en los in cs. 1) a 5).

A todos los efectos de la presente Ley, queda equiparado a la viuda o viudo la persona que hubiere vivido públicamente y en aparente matrimonio con el causante, siendo éste soltero o viudo o cuando hubiere descendencia, durante un mínimo de dos (2) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El mismo derecho tendrá aquel que en iguales condiciones hubiere vivido con el causante durante un mínimo de cinco (5) años inmediatamente anteriores al deceso, cuando el fallecido se encontrare divorciado o separado de hecho.

El conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión excepto que el causante hubiese estado contribuyendo al pago de los alimentos o que éstos hubieran sido reclamados judicialmente en vida. En estos supuestos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente en partes iguales.

La Autoridad de Aplicación determinará los recaudos necesarios para probar el aparente matrimonio y la prueba pertinente deberá sustanciarse en sede administrativa o ante autoridad judicial, resultando insuficiente la prueba testimonial exclusiva.

La pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación del causante que en ningún caso genera a su vez derecho a pensión.